Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 por ciento De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política generada en septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de treinta argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a predisposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la comarca para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e incluso irregulares». En concreto, el Colegio de Abogados estudia elevar una queja frente al encargado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista), por el hecho de que solo 65 de los 509 inmigrantes llegados a la urbe en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

2 days ago

Este colectivo profesional asimismo desea conocer los motivos por los que la enorme mayoría de estas personas no fueron puestas a disposición judicial, como sí se ha hecho en decenas de ocasiones durante los años. No es una medida ilegal, pues el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, pero lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para pedir autorización para el internamiento provisional, dentro del expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la urbe el 20 de septiembre, el Ayuntamiento tuvo constancia mediante taxistas de que estas personas tomaron con rumbo a Barna y Zaragoza, con la meta de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, ciertos procurarían alcanzar más tarde Bélgica y Alemania.

«No tenemos ni la más mínima idea de si les han gestionado los expedientes o si los han liberado directamente»

Según señalaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, 2 opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda mas remota alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una ‘devolución en caliente’.

Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no convenientes, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes están en su derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», esto es a que haya un control de su situación por parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desamparados, frente a posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o el no tener cumplidos los 18 años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue sobre aviso para asistir a un detenido por otro asunto mas no a estos.

El Colegio advierte de la posible vulneración de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en datas no precisadas entre el veinte de septiembre y el 9 de octubre pasaron a predisposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), treinta y uno llegaron al Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción cinco. Esa cifra de 106 personas equivale al veinte por ciento de los quinientos nueve inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, en frente de las costas de la Zona, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otro modo, el ochenta por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.

En teoría, todos y cada uno de los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. No obstante, los datos recabados hasta ayer por el Instituto de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia 65 personas procedentes del Norte de África.

La mayoría de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza

Marcha en Madrid contra la Ley de Extranjer\u00eda | El Imparcial

El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad celebrará en los próximos días una reunión para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la corporación demandará de forma oficial explicaciones acerca de la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni la más remota idea de de qué manera se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Instituto estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial totalmente brutal, aun cara la competencia del juez penal, cita de nie si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.

En estas últimas dos oleadas, la Policía logró que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el conduzco o bien ‘paterista’ de una de las embarcaciones, como a 6 por el homicidio por imprudencia de un niño de once años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, porque hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede originar una ocasional queja frente al Consejo de Europa. Este especialista señaló también que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua española y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se efectúan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de contestar hoy a ‘La Verdad’ sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, cita nie policia barcelona Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo denunció un «acoso institucional y político», a pesar de «un drama humanitario como la inmigración».

El dispositivo de hace dos años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, gencat extranjeria cita previa entre otras muchas cosas por el hecho de que medio centenar de argelinos pasaron la noche del seis al 7 de octubre recostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Instituto de Abogados recordaron que, en octubre de 2017, anterior coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron dos juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. Allá tomaron declaración a doscientos ochenta y cinco de los quinientos treinta y cuatro inmigrantes llegados en más de 50 pateras. Los ciento cincuenta trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por cita nie policia barcelona los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

3 months ago

Los argelinos terminaron entonces en la prisión de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era encargado gubernativo, Francisco Bernabé (del PP), había llegado al cargo exactamente pues el asimismo popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.

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